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El Betis podria dejar de ser sevillano

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Dos Hermanas pedirá barrios de Sevilla por la Ley de Memoria Histórica

La Ley de la Memoria Histórica, que tramita el Gobierno central, podría abrir una nueva vía para que el Ayuntamiento de Dos Hermanas reclame al de Sevilla la devolución de los terrenos que fueron segregados de su término en virtud de un decreto dictado en plena Guerra Civil. Así lo ha admitido el gobierno local nazareno, convencido de que, si se mantiene la redacción actual, la ley anularía resoluciones franquistas, como la que le privó de aquellos suelos: más de 2.760 hectáreas con las que se quiso aunar en un único término instalaciones castrenses, como el Hospital Militar y varios cuarteles. Ahora, acogen los barrios de Bellavista, Pedro Salvador y Bermejales, hasta el estadio del Betis.

El portavoz socialista, Agustín Morón, no descartó ayer que, en el futuro, Dos Hermanas utilice esta posibilidad, dado que el decreto firmado por el general Franco tiene fecha del 28 de julio de 1937, cuando el ayuntamiento estaba constituido por una gestora de tres personas designadas por las autoridades militares y todavía se luchaba contra el Gobierno de la República, con lo que ni siquera se trataba del Gobierno de toda la nación.

Precisamente Morón dio cuenta ayer a la junta de gobierno local de la presentación ante el Tribunal Supremo de un recurso de casación, en contra de la sentencia que emitió en junio de este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en la que se desestimó la alteración de términos, dando la razón a la postura de la Junta y el Ayuntamiento hispalense, contrarios a cambiar las cosas después de tantos años y que incluso se negaron a la petición subsidiaria de Dos Hermanas de que, por lo menos, se le devolviese la ermita de Valme y un corredor hasta ella, además de la mínima parte de la Universidad Pablo de Olavide que se ubica en Sevilla.

Morón se mostró más favorable a este proceso de alteración de términos, que implica más voluntad política que otra cosa, aunque admitió que hasta ahora la negociación con las otras dos partes no ha sido posible. Pero el Ayuntamiento que dirige el socialista Francisco Toscano no descarta pedir la nulidad de aquel decreto preconstitucional –el fallo del TSJA ya apuntaba a que ese proceso debía haberse hecho–, como tampoco utilizar el nuevo aval de la Ley de Memoria Histórica, lo que implicaría que la totalidad de los suelos volverían a ser término nazareno.

Se da la circunstancia, además, de que ya en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA hubo un magistrado, el presidente para más señas, que emitió un voto particular, avalando las tesis nazarenas y favorable a estimar, al menos parcialmente, sus demandas.

Éste aseguraba en su escrito que el decreto del 28 de julio de 1937 “es contrario a la Constitución y, más llamativamente, contrario también a la legalidad ordinaria y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y por eso no puede ser el soporte para consagrar un despojo, pese a que hayan transcurrido 70 años. No puede ser sanado lo que es de nulo derecho”. El juez recuerda además que junto a los “insalvables defectos” del decreto desde la propia óptica del derecho preconstitucional, después de la Guerra tampoco “se dictó norma alguna que convalidara los vicios”. Así las cosas, aunque hay razones que no aconsejan llevar “al extremo la posición del demandante”, sí que aboga por “atemperar la situación” y ejercer una “reparación necesaria”.

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